Miazga M, Opio M
La evaluación de la responsabilidad penal es compleja y desafiante. En el artículo “Reliability of repeated forensic evaluations of legal cordity” [1] encontramos que la responsabilidad penal se modificó al menos una vez en evaluaciones posteriores en 32 (27,3%) de 117 casos. Una posible explicación es que las evaluaciones emitidas por psiquiatras no empleados por los tribunales se colocaron en pie de igualdad con las opiniones emitidas por expertos forenses. Estas evaluaciones, realizadas por psiquiatras clínicos, a menudo eran contrarias a las opiniones forenses y generaban incertidumbre en el tribunal. Además, debido a la posición académica y profesional de estos psiquiatras, estas opiniones eran con frecuencia difíciles de cuestionar por los expertos forenses. Esto dio lugar a procedimientos prolongados, aumentos de costos y, especialmente, creó una posibilidad de cambio de la cordura legal.
El psiquiatra clínico debe ser consciente de que todo certificado psiquiátrico puede utilizarse como defensa por demencia en un proceso penal. Todo psiquiatra que examine a un acusado puede influir potencialmente en el diagnóstico final y, por ende, en la evaluación de la salud mental del acusado, incluso si el psiquiatra no participa directamente en el proceso judicial.
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